El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado dispuesto a estudiar un aumento en el límite de velocidad de las autopistas, establecido en 120 kilómetros por hora, ya que considera que no afectaría a los índices de siniestralidad registrados en las carreteras, eso sí, siempre y cuando se solvente el impacto ambiental que esta medida podría generar.
Fernández Díaz ha comparecido por primera vez en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en la que ha detallado que el transporte es el responsable del 50 por ciento de las emisiones totales de gases contaminantes en los países desarrollados, en especial el dióxido de carbono, emitido por los coches y principal causante del cambio climático.
En el caso concreto de España, ha explicado que el país se está "gastando un dineral" en compra de derechos de emisiones, de acuerdo con su cumplimiento del Protocolo de Kioto, y hasta que no se solvente este aspecto no considera conveniente modificar la velocidad de las autopistas.
Así ha respondido al ministro al portavoz de CiU en dicha comisión parlamentaria, Jordi Jané, quien le ha cuestionado por qué el Gobierno no se plantea esta medida, dado que en un principio no afecta a la siniestralidad en la carretera.
Jané le ha reclamado igualmente la transferencia a las comunidades autónomas con servicios propios de tráfico, como Cataluña y País Vasco, que reclaman atribuciones para poder acordar, por ejemplo, la retirada del permiso de conducir, ya que son ellos los que tramitan en su territorio la pérdida de puntos. De igual forma que le ha planteado la colocación de radares en los tramos de concentración de accidentes.
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